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Sergio Adrián Hernández: A dos años de su muerte, marchan por justicia

Se pide justicia por el menor Sergio Adrián Hernández Güereca,

Por Yolanda Gonzalez Gomez

Más de dos centenares de personas marcharon en El Paso para pedir justicia a dos años de la muerte del menor Sergio Adrián Hernández Güereca, a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza que fue exonerado de sanciones por el Departamento de Justicia.

La manifestación que se inició en el centro de esa ciudad desde la Plaza San Jacinto hasta el puente negro cercano a una de las garitas limítrofes con Ciudad Juárez, fue organizada por la Red Fronteriza de Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés), en el marco de su campaña para reclamar al presidente Obama que imponga mecanismos de responsabilidad y vigilancia a las agencias de control fronterizo.

La coalición de organizaciones de derechos civiles propone que deben monitorearse las políticas y actividades que desarrollan las dependencias del Departamento de seguridad nacional en la franja fronteriza y exige al actual presidente que haya rendición de cuentas en la frontera.

También consideran que las múltiples operaciones para “sellar la frontera” han aumentado las violaciones a los derechos humanos, el excesivo uso de la fuerza y el abuso a inmigrantes.

Revelaron además que en los últimos dos años, los agentes federales han quitado la vida a ocho personas, entre ellas al menor de 15 años de edad, Sergio Adrián Hernández Güereca en la región de El Paso; quien recibió varios tiros del agente de la patrulla fronteriza, Jesús Meza Jr. que disparó desde el lado estadounidense.

“Vivimos en una zona militarizada en la que la patrulla fronteriza puede hacer básicamente lo que quiera en 25 millas al norte de la frontera y no hay un mecanismo vigente que les pida cuentas de lo que hacen o siquiera que revise si esas políticas están funcionando”, afirmó Cristina Parker, vocera de la Red fronteriza de Derechos Humanos.

Enumera en la petición que durante la administración de Obama se ha endurecido la vigilancia migratoria con varias millas de muros fronterizos, armamento militar y tecnología de punta, pero también ha dispuesto 1.5 millones de deportaciones y han ocurrido homicidios innecesarios como el de Hernández Güereca, aparte de las búsquedas anticonstitucionales, las detenciones y el aumento de puestos de control migratorio.

Dado que hay un número récord de 26,000 agentes de la Patrulla Fronteriza destinados a la frontera, los requisitos de contratación se han relajado y no se da seguimiento a las quejas ciudadanas, lo que se requiere es una comisión fronteriza independiente que monitoree a todas las agencias e investiguen sus acciones y sean una autoridad con poder sobre esas dependencias para evitar que se cometan abusos y asegurar que operen con justicia y respeto a los derechos humanos, indicó Parker.

Los manifestantes en El Paso gritaron “Justicia para Sergio”, entre otras proclamas contra la patrulla fronteriza durante el recorrido con pancartas que decían “Justicia” y ondeaban banderas. También en el lado mexicano, cercano al llamado puente negro, se realizó un acto con varias personas que colocaron flores, velas y una foto del adolescente.

El martes 5 de junio, funcionarios del Departamento de Justicia visitaron a los padres de Sergio Adrián, María Guadalupe Güereca Betancourt y Jesús Hernández, a fin de explicarles la decisión de esa dependencia de no acusar criminalmente al agente que acribilló a su hijo, de acuerdo a la carta que les enviaron el pasado 27 de abril.

Uno de los argumentos en la carta fue que la dependencia federal puede perseguir violaciones a los derechos civiles cometidos dentro del territorio de Estados Unidos.

La madre de Sergio Adrián, María Guadalupe Güereca dijo a HuffPost Voces, después de la carta, que estaba decepcionada de la justicia de Estados Unidos que se rehusó a presentar cargos criminales contra un agente que mató a su hijo de 15 años.

Robert Hilliard, el abogado de la familia Hernández, comentó que la decisión de no acusar a Jesús Mesa sentaba un peligroso precedente para los casos de agresión trasnacional que involucre a agentes federales estadounidenses.

La familia Hernández está representada por el despacho jurídico Hilliard, Muñoz, Gonzales de Corpus Christi, quienes en la demanda contra el gobierno de Estados Unidos solicitaban una indemnización de 25 millones de dólares para los parientes de la víctima.

Para los abogados, el patrullero mató a Hernández Güereca de una forma “negligente, ilícita y tortuosa”, según constó Hilliard en un comunicado de su despacho. La apelación a la decisión se encuentra en la Corte del quinto circuito y están dispuestos a llevar el caso hasta la Suprema Corte.

La Comisión Superior por los Derechos Humanos cuenta con reportes de uso excesivo de la fuerza por la patrulla fronteriza en los casos de la muerte de Anastasio Hernández Rojas en San Diego, California en el 2010; de Ramsés Barrón, a quien se le disparó en Arizona y José Alfredo Yáñez en la frontera de California.

Este articulo fue publicado originalmente por el Huffington Post Voces. 

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